Archivada una pieza de los ERE sobre tres millones en ayudas y préstamos al Grupo TPM

La resolución está fechada el 13 de octubre y fue comunicada el lunes 19 por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según recogen El Mundo y Diario de Sevilla. La pieza examinaba la presunta ilegalidad de la financiación concedida por la Consejería de Empleo, a través de la agencia IFA/IDEA, a esta empresa dedicada a fabricar productos plásticos. Según Diario de Sevilla, recibió al menos 1,5 millones de euros en ayudas y un préstamo por otro tanto.

El archivo alcanza a Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo; Juan Márquez, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social; y Bienvenido Martínez, exdirector de Inversiones Estratégicas de IDEA. También afecta a tres empresarios, uno de ellos fallecido. Los seis estaban investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental, aunque los motivos para cerrar las actuaciones son distintos.

Respecto a Barberá y Márquez, el magistrado acuerda el sobreseimiento libre porque ya habían sido enjuiciados y condenados por esos mismos hechos en el procedimiento principal de los ERE, en el que también fueron juzgados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El auto aplica el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla para evitar que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos.

La resolución sitúa la concesión y el pago de estas ayudas dentro del periodo examinado en aquel juicio principal. Los fondos se abonaron mediante transferencias de financiación con cargo a la partida 31-L y a través de IDEA. Esa vinculación con el mecanismo ya enjuiciado fundamenta que la investigación no continúe contra los dos antiguos responsables de Empleo.

En el caso de Bienvenido Martínez, el juez no aprecia pruebas suficientes de una intervención relevante, más allá de recibir algún correo electrónico relacionado con la ayuda, según detalla El Mundo. Sobre los dos representantes empresariales vivos, el auto señala que no consta que tuvieran capacidad de decisión y sitúa esa responsabilidad principalmente en dos directivos ya fallecidos.

El cierre se limita a esta pieza de ayudas y préstamos. No supone el final de todas las investigaciones sobre la financiación pública del Grupo TPM: el mismo juzgado de Sevilla continúa tramitando la causa relativa a los avales concedidos a la empresa.