Cerrar el campus sin recortar derechos

La Universidad de Cádiz ha acordado suspender las clases y los servicios presenciales de sus cuatro campus el miércoles 11 de noviembre, ante las previsiones de la AEMET y las posibles dificultades de movilidad. El cierre incluye Jerez y las actividades al aire libre. Cada centro informará de la reprogramación y de las adaptaciones académicas. El personal de mantenimiento y los técnicos de redes y sistemas designados permanecerán localizables para atender necesidades urgentes que no puedan aplazarse.

La prevención es una función legítima de una institución pública. Esperar a que haya daños sería administrar mal el riesgo. Pero el poder de restringir una actividad tiene límites, también cuando se ejerce por un motivo razonable. La excepción se justifica por su alcance, su duración y su relación con el peligro previsto. Nada autoriza una cautela ilimitada. La prudencia también se mide por su proporción. Reducir la exposición y conservar cuanta actividad resulte posible son objetivos compatibles.

La igualdad de trato refuerza ese criterio. La capacidad de llegar a un aula durante un temporal no puede convertirse en una ventaja académica. Evitar un trayecto arriesgado tampoco justifica una penalización. El riesgo del desplazamiento no puede decidir una nota. Recuperar lo suspendido permite preservar ese principio sin rebajar lo que se enseña ni lo que se aprende.

Dejar las adaptaciones en manos de cada centro tiene sentido: la cercanía permite organizar la actividad con mejor criterio que una solución idéntica para todos. La autonomía académica implica responsabilidad. Al estudiante le interesa saber qué cambia y cómo podrá continuar, no descifrar el reparto interno de competencias. La organización importa. Las soluciones distintas son defendibles mientras protejan por igual al alumnado. La autonomía perdería su justificación si la recuperación acabara siendo un problema que cada cual resuelve solo.

El dinero público sostiene un servicio, no solo unas instalaciones. Por eso, el acierto preventivo del cierre y la continuidad de la enseñanza forman parte de la misma valoración. El anuncio de la reprogramación deja abierta la cuestión de cómo se recuperará lo suspendido. El juicio definitivo dependerá de esa continuidad real. La docencia pendiente sigue siendo una deuda con el alumnado.