Cuidar no es aguantar

Los 68 incidentes que afectaron a 87 profesionales del área sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz entre enero y septiembre de 2026, según SATSE, exigen algo más que condenas. Exigen distinguir derechos de abusos. Un paciente puede reclamar, cuestionar una decisión y expresar su descontento; la Administración debe ofrecerle cauces eficaces, no ponerse a la defensiva. Pero esa libertad no le concede autoridad sobre quien lo atiende. El derecho a la asistencia no incluye el derecho a intimidar. Comprender el malestar no obliga a tolerar la amenaza ni a dejar en desventaja a quien cumple con su trabajo.

El 69% de los episodios se concentró en Atención Primaria, con La Milagrosa y La Granja como los centros con más casos, según el balance sindical. La protección debe responder a ese riesgo, no a un reparto cómodo ni a una consigna. Destinar seguridad donde más falta hace es una obligación de buena gestión; gastar sin evaluar su utilidad, no. La exigencia de contener el gasto público no ampara cualquier recorte, como la gravedad del problema tampoco justifica cualquier desembolso. Austeridad y desprotección no son sinónimos.

SATSE recoge además 468 días acumulados de baja laboral como consecuencia de las agresiones. El daño a cada trabajador bastaría para exigir una respuesta. Pero tampoco termina en él: cuando una agresión lo aparta de su puesto, se resiente la capacidad de atender. Proteger al profesional es proteger la consulta. Debatir sobre recursos sanitarios e ignorar lo que la violencia resta a quienes los hacen funcionar es discutir el servicio dejando fuera una de sus condiciones básicas.

La responsabilidad principal es de quien agrede. Esa evidencia no absuelve al gestor de sus obligaciones. A la Junta hay que exigirle protección efectiva sin atribuirle la autoría de cada incidente; al presunto agresor, las responsabilidades que correspondan sin anticipar una sentencia. La alteración clínica requiere una respuesta clínica. La conducta sancionable debe encontrar las garantías y consecuencias previstas por la ley. Ni impunidad por ser paciente ni culpabilidad por sospecha. Proteger al trabajador y respetar las garantías no son objetivos rivales: ambos obligan al poder público.

El compromiso institucional se mide por la protección que consigue y el respaldo al trabajador afectado, no por la rotundidad de sus declaraciones. Tampoco basta con anunciar más gasto: hay que responder por sus resultados. Jerez debe juzgar la gestión sanitaria con esa exigencia, gobierne quien gobierne. La seguridad laboral no compite con la calidad asistencial; forma parte de ella. El miedo no entra en el contrato.