El control ferroviario, por encima del calendario electoral

Juanma Moreno ha prometido una auditoría del corredor entre Madrid y Andalucía si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno; en su intervención electoral cuestionó el destino del dinero de mantenimiento y denunció la falta de alternativas ante el cierre de la conexión de alta velocidad. Álvaro Fernández Heredia, tras su cese como presidente de Renfe, asumió en una carta la responsabilidad personal por no haber evitado la situación de la compañía y rechazó que su salida se interpretara como una atribución de responsabilidad a la empresa.

La salida de un directivo cambia el mando, pero no establece las causas de lo ocurrido. Una carta tampoco aclara la gestión. Separar decisiones, competencias y resultados es la diferencia entre reclamar responsabilidades y repartir culpas. La plantilla no se confunde con la dirección, ni cabe cargar a la operadora responsabilidades sobre la infraestructura que no estén demostradas. Defender a los trabajadores y examinar a quienes mandan son cosas compatibles. Proteger a una empresa pública del escrutinio perjudica al ciudadano al que sirve.

Una auditoría anunciada acredita un compromiso, no un diagnóstico. Las sospechas necesitan pruebas. Su valor estará en lo que permita comprobar sobre decisiones y gastos, no en la contundencia del anuncio. Vincular esa revisión a una victoria electoral convierte el control en una oferta de partido, cuando su legitimidad nace del uso de recursos públicos. Entretanto, el Gobierno responde por su gestión presente. Una eventual alternancia no borra esa responsabilidad ni convierte la espera en una respuesta aceptable.

El viajero necesita organizar su vida. Para quien se desplaza entre Andalucía y Madrid, la discusión cobra sentido si permite contar con transporte seguro y alternativas utilizables cuando falla. La libertad para trabajar, emprender o mantener relaciones personales también descansa en servicios fiables. Ahí se mide el servicio público. Una institución pública vale por lo que ofrece a sus usuarios, no por la protección política que recibe. Encerrar el debate en su defensa o en el rédito de cuestionarla relega precisamente a quienes justifican su existencia.

Publicar las revisiones del mantenimiento y sus conclusiones permitiría discutir con pruebas, sin esperar a un cambio de Gobierno. El escrutinio condicionado a una victoria electoral sitúa la conveniencia del partido por delante del interés del viajero.