Proteger no es tramitar

Los presuntos quebrantamientos de medidas impuestas representan alrededor del 24% de los delitos denunciados. No son infracciones acreditadas por el mero hecho de figurar en una denuncia, pero tampoco un dato que permita relegar el cumplimiento de las resoluciones. Una prohibición sin cumplimiento es una frontera sin defensa. Dictar una medida no agota la responsabilidad pública: obliga a hacerla efectiva. La distancia fijada por la ley tiene que existir fuera del documento. De lo contrario, el límite es solo tinta.

Las propias víctimas comunicaron en comisaría los hechos que dieron lugar a 444 denuncias. Pedir ayuda no puede obligarlas además a hacer de enlace entre instituciones. La coordinación entre atención social, policía y justicia forma parte de la protección; no es un favor ni un trámite que deba resolver quien está en riesgo. Si cada organismo se limita a dar por terminada su parte, la obligación pública acaba sobre los hombros de la mujer. Eso no es coordinación: es trasladar la carga.

La exigencia de seguridad no rebaja la de prueba. Una denuncia exige investigación, no una condena automática; una medida acordada exige cumplimiento, no obediencia a conveniencia. La presunción de inocencia y la atención al riesgo no son opciones entre las que el poder pueda escoger. Debe responder de ambas. Las garantías no son una coartada para la inacción. Tampoco la urgencia justifica recortarlas. La firmeza se demuestra actuando con fundamento y ejecutando con rigor, no confundiendo la sospecha con la culpabilidad.

El dinero público merece el mismo rigor. Ni el gasto acredita por sí solo una buena política ni el recorte demuestra una gestión sensata. Hay que exigir utilidad para proteger, atender y hacer cumplir la ley. Gastar más no basta; proteger menos no es ahorrar. Sumar estructura sin acreditar resultados no merece aplauso. Ahorrar a costa de la seguridad, tampoco. Ayuntamiento y demás administraciones deben responder con el mismo criterio, sin descuentos por afinidad política ni excusas apoyadas en las obligaciones ajenas.

Nadie es libre si tiene que organizar su vida alrededor del miedo. La intimidad del hogar no vuelve privada la obligación pública de combatir la violencia. El poder debe preservar la autonomía personal frente a la coacción, no tutelar la vida de las mujeres ni decidir por ellas. Ese es el límite de su intervención y también su razón de ser. Una resolución no es la meta: lo es poder vivir sin miedo. El papel no basta.