Respaldo al técnico, prudencia con el dinero público

El Ayuntamiento de Jerez reconoce que no dispone de una póliza específica de responsabilidad civil profesional para sus arquitectos e ingenieros, aunque asegura que asumirá las responsabilidades derivadas de sus funciones mientras busca una solución. La Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez advierte del posible riesgo para el patrimonio personal de estos profesionales y recuerda que su trabajo incluye demoliciones y visitas a edificios en ruina.

La firma técnica necesita respaldo. Quien toma decisiones profesionales para una administración merece conocer las consecuencias que asume y la protección con la que cuenta. Esa certeza favorece una actuación independiente, ajustada al criterio técnico y libre del temor a una exposición patrimonial indeterminada. La incertidumbre también tiene un coste. Puede alimentar decisiones defensivas allí donde Jerez necesita rigor y capacidad de resolver. La independencia profesional sale perdiendo cuando el miedo por el patrimonio propio pesa sobre una decisión técnica.

El presupuesto municipal también merece protección. Trasladar una eventual obligación del trabajador al Ayuntamiento cambia quién responde, pero conserva la posibilidad de un desembolso. La promesa de hacerse cargo no permite valorar por sí sola el alcance económico del compromiso. El dinero sigue siendo ajeno. Tratarlo con prudencia forma parte del respeto al ciudadano, que financia esa protección sin intervenir en cada decisión. Una garantía bien delimitada permite conocer los riesgos asumidos; una declaración genérica deja abierta la cuenta que podría llegar al municipio.

La herramienta admite discusión. La ausencia de una póliza específica no demuestra que toda protección jurídica sea inexistente, ni permite concluir que cualquier seguro resulte conveniente. El criterio liberal juzga la eficacia y el coste: gastar no equivale a resolver, y contratar una póliza carece de valor si la solución resulta inadecuada. También importa preservar la responsabilidad profesional. Proteger frente a los riesgos del trabajo y responder por una actuación incorrecta son cuestiones distintas. Protección y responsabilidad pueden convivir. Confundirlas perjudica tanto al empleado como al contribuyente.

Su gestión como delegada de Recursos Humanos se juega en esa diferencia: ofrecer una garantía comprensible o mantener un compromiso cuyo alcance queda sin precisar. Conocer qué cubre y cuánto cuesta al municipio permitiría juzgarlo sin fiarlo todo a la palabra del gobierno local. El interés de la plantilla y el de Jerez coinciden ahí. Una promesa de protección con el coste por aclarar ofrece una tranquilidad precaria.