El Ayuntamiento de Jerez busca una fórmula para cubrir la responsabilidad de sus arquitectos e ingenieros

Según recoge La Voz del Sur, la agrupación advierte de que los técnicos que ejercen como directores de obra podrían tener que responder con su patrimonio personal si se producen siniestros o accidentes laborales. Su reclamación incluye los riesgos asociados a las demoliciones y a las visitas a inmuebles en estado de ruina, además de las responsabilidades que conllevan la firma de proyectos y la supervisión de obras públicas.

En declaraciones a ese medio, fuentes municipales reconocen que no existe actualmente una póliza específica de responsabilidad civil profesional para estos arquitectos e ingenieros. No obstante, el Consistorio asegura que se hará cargo de las responsabilidades que puedan surgir del desempeño de sus funciones y sostiene que los trabajadores no tendrán que afrontar personalmente sus consecuencias.

La respuesta municipal mantiene así el compromiso de protección económica mientras se trabaja en una fórmula para ampliar las garantías de estos empleados y reforzar su seguridad jurídica. El Ayuntamiento presenta esa búsqueda de una solución y la asunción de responsabilidades como su respuesta a la reclamación del colectivo.

La ATMJ sostiene que la cobertura de responsabilidad civil está prevista tanto en el convenio municipal como en el acuerdo de funcionarios. Según informa La Voz del Sur, la agrupación acusa a la delegada de Recursos Humanos, Yessika Quintero, de no garantizar su aplicación y considera que la ausencia de una póliza específica vulnera los derechos laborales de los profesionales afectados.

El colectivo ha advertido de que acudirá a la Inspección de Trabajo y a otras instancias judiciales si la situación no se resuelve. Esa advertencia forma parte de la reclamación que precedió a la respuesta del Gobierno local sobre la cobertura de los técnicos.

El Ejecutivo municipal sitúa el origen del problema años atrás y atribuye la falta de una solución definitiva durante el anterior mandato a su complejidad y a su impacto económico. Frente a las advertencias de la agrupación, sostiene que la protección de la plantilla es una prioridad y que continúa trabajando para resolver la ausencia de una cobertura específica.