El Constitucional estudiará si el Plan Estatal de Vivienda invade competencias de Andalucía

El Pleno del Tribunal Constitucional comunicó el 5 de noviembre que examinará los conflictos de competencias presentados por Andalucía y Extremadura contra el Real Decreto 326/2026. Según ABC, la impugnación andaluza abarca tres capítulos completos, una disposición adicional y más de una decena de artículos. El tribunal deberá determinar si las disposiciones cuestionadas respetan el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

La controversia afecta a las reglas con las que se distribuye y financia el dinero destinado a vivienda. El plan establece 18 programas, concreta las actuaciones que pueden recibir ayudas y reserva porcentajes de los fondos para cada línea. Según recoge ABC, la Junta considera que ese nivel de detalle reduce su capacidad para adaptar las ayudas a las necesidades del territorio. Reclama margen para decidir el peso de actuaciones como la rehabilitación, la construcción de vivienda asequible o el apoyo al alquiler.

Otro punto del conflicto es la aportación económica exigida a las autonomías. Según Diario de Sevilla, para el periodo 2027-2030 el plan fija una financiación del 60% a cargo del Estado y del 40% a cargo de las comunidades. Si una autonomía no aporta la parte prevista, los fondos estatales se reducen proporcionalmente. El Gobierno andaluz sostiene que este mecanismo afecta a su autonomía financiera al condicionar el uso de recursos de su presupuesto.

La Junta también cuestiona aspectos de la protección permanente de determinadas viviendas financiadas con estas ayudas y las condiciones para difundir públicamente las actuaciones. Entre ellas figuran las relativas a inauguraciones, presentaciones y colocaciones de primeras piedras, que pueden quedar sujetas a autorización o presencia del Ministerio de Vivienda, según explica Diario de Sevilla.

El Gobierno central defiende una interpretación distinta. De acuerdo con Diario de Sevilla, el Consejo de Ministros rechazó el 21 de julio los requerimientos previos de Andalucía y Extremadura porque entiende que el plan no regula toda la política autonómica de vivienda, sino las condiciones de un instrumento estatal de financiación. Su posición es que puede establecer objetivos y requisitos para los programas que sostiene con sus recursos. La Junta había formulado su requerimiento el 23 de junio, según ABC.

Para quienes acceden a las ayudas del plan, la admisión a trámite no supone por sí sola su desaparición ni una paralización automática. El siguiente paso será el examen del conflicto y una sentencia que delimite las competencias discutidas. La resolución podrá mantener las disposiciones impugnadas o, si prosperan las alegaciones autonómicas, anular algunas de ellas o sujetarlas a una interpretación respetuosa con las competencias de las comunidades.