El Defensor del Pueblo recurre al Constitucional la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos

El Defensor del Pueblo ha anunciado el 16 de octubre la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Según el comunicado de la institución recogido por elDiario.es, Gabilondo tomó esta decisión después de recibir solicitudes de particulares y entidades y de analizar la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo del 12 de octubre, que mantuvo la suspensión cautelar del voto.

El conflicto se centra en la vía por la que los afectados obtuvieron la nacionalidad española. Según explica elDiario.es, los autos del Supremo diferencian entre quienes acreditaron documentalmente el exilio de sus antepasados y quienes se acogieron a una instrucción que presumía esa condición para las personas que salieron de España entre 1936 y 1955. El tribunal permite votar al primer grupo, pero ha dispuesto una suspensión preventiva general mientras los consulados revisan los expedientes para determinar quién cumple los requisitos.

Las dos informaciones describen de forma distinta el alcance de la medida: elDiario.es habla de una suspensión preventiva del sufragio, mientras que ABC la presenta como una exclusión del censo exterior hasta que los afectados acrediten que accedieron a la nacionalidad conforme a la disposición adicional octava de la ley. Ambas coinciden en que la acreditación individual resulta determinante para participar en los comicios.

ABC añade que la Abogacía del Estado había descartado presentar un recurso de amparo por falta de legitimación y que la Fiscalía tampoco podría hacerlo al no haber interpuesto previamente un recurso de reposición. El diario atribuye al Gobierno la iniciativa de promover la intervención del Defensor del Pueblo; la explicación institucional recogida por elDiario.es sitúa el origen de la decisión en las peticiones de particulares y entidades.

En paralelo, la Junta Electoral Central acordó el 15 de octubre que la Oficina del Censo Electoral envíe la documentación electoral a los 2,7 millones de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Según elDiario.es, el envío incluye a los 163.020 nacionalizados afectados, aunque llevará un aviso de que no todos podrán votar por la resolución del Supremo.

Recibir esa documentación, por tanto, no supone por sí solo poder ejercer el sufragio. El recurso solicita ahora la intervención urgente del Constitucional para que los afectados puedan votar si lo desean en las generales del 29 de noviembre.