El Gobierno abre hasta el 30 de octubre la consulta del nuevo decreto de universidades tras la anulación del Supremo

El departamento que dirige Diana Morant vuelve a impulsar la reforma de los requisitos para crear, reconocer y autorizar universidades y centros universitarios. La apertura de esta consulta permite a ciudadanos, organizaciones y asociaciones aportar su opinión antes de la elaboración del proyecto normativo. Se trata de un paso de la tramitación, no de la entrada en vigor de nuevos requisitos.

La anulación del decreto anterior se produjo porque el Supremo consideró insuficiente la justificación del procedimiento urgente utilizado por el Gobierno. Esa vía permitió omitir la consulta previa, una decisión que el tribunal entendió que no tenía el respaldo legal necesario. Según la sentencia recogida por Europa Press y publicada por 20minutos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó un recurso de Baleares e impuso a la Administración General del Estado 6.000 euros en costas.

El Ejecutivo había defendido la urgencia por su intención de que la norma se aplicara en el curso 2025/2026. Sin embargo, según recoge El Mundo, el tribunal entendió que ese calendario respondía a una voluntad política y no acreditaba una causa objetiva para recurrir a la tramitación urgente. El Ministerio subraya que la resolución afecta al procedimiento seguido y no al contenido de la regulación.

En la justificación de la nueva consulta, el Ministerio sostiene que la reforma no debe demorarse. Argumenta que mantener las reglas actuales permitiría seguir autorizando proyectos que no acrediten suficientemente las condiciones académicas, docentes, investigadoras y de sostenibilidad institucional exigibles a una universidad. La reforma afecta al marco de creación y autorización de centros y busca recuperar el endurecimiento de requisitos de la norma anulada.

Las informaciones publicadas difieren sobre el grado de concreción del nuevo texto. Europa Press, en la noticia de 20minutos, atribuye a fuentes ministeriales que los requisitos serán los mismos que los del decreto anterior. El Mundo señala, en cambio, que sus fuentes del Ministerio no precisan qué cambios introducirán ni si volverán a utilizar el procedimiento urgente.

El decreto aprobado en octubre de 2025 contó con objeciones de los ministerios de Economía y Trabajo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de varias comunidades autónomas, según El Mundo. La nueva tramitación comienza a 44 días de las elecciones generales. El siguiente hito fijado es el cierre de la participación pública, el 30 de octubre.