El Pleno del Constitucional decidirá si admite el recurso por el voto de 160.000 nacionalizados

La decisión corresponde a los doce magistrados del tribunal y afecta al derecho de sufragio de españoles residentes en el extranjero ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Según El País, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, incorporará el asunto al orden del día del Pleno que comienza el 20 de octubre. El Mundo informa de que el acuerdo para elevar el recurso al Pleno se ha adoptado por unanimidad este lunes, 19 de octubre.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó la demanda de amparo el viernes y pidió levantar de inmediato la suspensión acordada por el Tribunal Supremo. Solicitó una medida cautelarísima, que permitiría resolver esa petición sin escuchar previamente a las partes, por la proximidad de los comicios. Según recoge El País, el recurso sostiene que la nacionalidad española y el derecho a votar no pueden desvincularse y recuerda que muchos de los afectados ya participaron en las elecciones de 2023.

El primer debate será procesal: si el Constitucional puede intervenir ya o debe esperar a que concluya la actuación de la justicia ordinaria. El País explica que los autos del Supremo son firmes y no admiten recurso, pero que el procedimiento sigue abierto. El Supremo concedió además cinco días para que los afectados pudieran personarse.

El informe del servicio de letrados, solicitado por el ponente Enrique Arnaldo y consultado por El Mundo, propone la inadmisión por considerar prematuro el amparo. Su argumento es que aún existe la posibilidad de un pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria. También recuerda que, con carácter general, las decisiones cautelares no pueden recurrirse en amparo antes de que termine el proceso en el que se adoptaron, aunque se hayan agotado los recursos contra esas medidas.

La propuesta de los letrados no es la decisión del tribunal. Según El País, el Pleno podría admitir el recurso y levantar inmediatamente la suspensión, o admitirlo por la vía ordinaria y conceder cinco días a las partes para pronunciarse. Entre ellas figuran Vox e Iustitia Europa, que iniciaron el procedimiento ante el Supremo, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo.

El litigio procede de un recurso contra una resolución de la Junta Electoral Central de julio y afecta a nacionalizados al amparo de una instrucción de Justicia dictada tras la aprobación de la ley en 2022, según El País. La resolución del Constitucional determinará si se mantiene la suspensión mientras continúa el procedimiento, con consecuencias sobre la composición del censo para las próximas generales.