El Supremo confirma que UGT Andalucía debe devolver 18,3 millones a la Junta por ayudas para formación

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo respalda así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Según elDiario.es, que recoge el contenido del fallo consultado por Europa Press, la obligación de reintegro queda firme y asciende a 18.319.183,71 euros. La devolución corresponde al sindicato y tiene como destinataria a la Administración autonómica, que concedió las ayudas.

El litigio se centra en un complemento salarial que UGT-A abonó a profesores de los cursos subvencionados. Según informa El Mundo sobre la resolución, el sindicato no acreditó documentalmente la naturaleza y justificación de ese pago. Tampoco aportó la autorización del responsable de personal ni la documentación sobre su cuantía, duración y condiciones de aplicación, necesarias para justificar el complemento.

El Supremo considera que no quedó probado que ese plus respondiera a circunstancias del trabajo financiado o que fuera indispensable para desarrollar la formación. Según recoge elDiario.es, el tribunal recuerda que la Ley General de Subvenciones limita los gastos financiables a aquellos vinculados de forma inequívoca a la actividad subvencionada. La decisión afecta, por tanto, a qué costes salariales pueden cargarse a estas ayudas públicas.

Los magistrados distinguen entre la posibilidad de mejorar los salarios y la procedencia del dinero utilizado. Conforme al fallo recogido por ambos medios, una entidad privada puede pagar por encima de lo establecido en convenio, pero debe asumir con fondos propios las mejoras discrecionales que no cumplan los requisitos para ser subvencionadas. El tribunal señala como referencias comprobables los mínimos legales y las cuantías fijadas en convenio colectivo.

Según El Mundo, el expediente de reintegro se abrió el 16 de septiembre de 2015. El periódico desglosa la reclamación en 13.118.971 euros de subvención y 5.200.212 euros de intereses de demora. Se trata de uno de los procedimientos impulsados por la Junta para recuperar ayudas que consideraba no destinadas a los fines previstos.

Esta resolución pertenece a la vía contencioso-administrativa y es distinta del procedimiento penal contra antiguos responsables de UGT-A. El Mundo recuerda que la Audiencia de Sevilla dictó en noviembre de 2024 una sentencia condenatoria contra cuatro exdirigentes por falsedad y fraude en la gestión de subvenciones. Ese fallo penal todavía no es firme, a diferencia de la obligación de devolución ahora confirmada por el Supremo.