El Tribunal de Cuentas investigará la compra de un ático de 6,3 millones por una empresa pública madrileña

El auto, del que informan Europa Press y elDiario.es, cuestiona la justificación previa de la operación y su vinculación con una finalidad pública. La Comunidad de Madrid y Planifica habían solicitado el archivo al defender que la compra era legal, encajaba en las competencias de la empresa pública y no había causado un daño económico. El Ministerio Fiscal, por el contrario, había pedido en dos ocasiones que se designara un delegado instructor para continuar las actuaciones.

La adquisición se formalizó el 14 de abril de 2026 por 6,3 millones de euros. El inmueble está en la última planta del número 35 de la calle General Martínez Campos, en el barrio madrileño de Chamberí. Según Europa Press, tiene aproximadamente 485 metros cuadrados, de los que unos 199 corresponden a la terraza. El tribunal señala que la compra se efectuó sin que constasen inicialmente un encargo formal de la Comunidad ni una memoria previa que acreditase su necesidad.

La memoria justificativa se elaboró el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de la compraventa. En ella se planteaba un destino institucional, con zonas de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades. Según elDiario.es, el auto cuestiona que las características de la vivienda resulten adecuadas para las actividades administrativas y de gobierno. Europa Press añade que el tribunal también pone en duda el encaje de esa finalidad en el objeto social de Planifica.

El alquiler del inmueble entre la empresa pública y la Comunidad se firmó el 28 de julio y quedó resuelto de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, después de que la Administración comunicara que ya no existía la necesidad que lo justificaba. La Comunidad no llegó a utilizar la vivienda y posteriormente se acordó venderla. El precio de salida se fijó en 6.694.201 euros, pero la primera licitación quedó desierta y, según la resolución recogida por Europa Press, el ático seguía sin comprador.

La investigación deberá aclarar también si hubo sobreprecio. Una primera tasación de Gesvalt, del 13 de febrero, valoró el inmueble en 6.242.884,19 euros. La Comunidad y Planifica aportaron otra, fechada el 15 de octubre, que elevaba la valoración a 6.320.341,26 euros al incorporar parte de la terraza cerrada. Las denuncias sitúan el eventual perjuicio en al menos 437.058 euros, incluidos otros posibles costes, una cantidad que no constituye un daño acreditado.

Las actuaciones incluyen además dudas sobre las autorizaciones del cerramiento de parte de la terraza y sus posibles consecuencias económicas. El siguiente paso será la propuesta de nombramiento de un delegado instructor para determinar si la operación tuvo una finalidad pública legalmente justificada y si produjo un perjuicio susceptible de generar responsabilidad contable.