Gobierno y Junta pactan cómo aplicar la ley de espacios productivos y evitan un recurso al Constitucional

El pacto se refiere al apartado 5 del artículo 12 de la Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía. Ambas administraciones dan por terminada la controversia competencial sobre ese precepto, lo que evita que el Ejecutivo central presente un recurso ante el Tribunal Constitucional por este punto de la norma.

La disposición permite formalizar encomiendas de gestión mediante convenios con colegios profesionales para desarrollar actividades materiales o técnicas. Se encuadra en el artículo dedicado a la cooperación, colaboración y coordinación entre administraciones. El acuerdo afecta, por tanto, a la aplicación de esta fórmula de colaboración pública prevista por la Junta.

La solución pactada consiste en interpretar y aplicar ese apartado conforme a las reglas básicas estatales sobre el régimen jurídico del sector público y la contratación pública. El texto menciona expresamente el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Esa es la referencia normativa que ambas partes acuerdan respetar para los convenios contemplados en el precepto.

Las negociaciones se han desarrollado en un grupo de trabajo creado para estudiar las diferencias competenciales. El acuerdo procede de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma andaluza.

La ley fue aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 2 de diciembre de 2025. Contó únicamente con los votos favorables del Grupo Popular y recibió el rechazo de Vox, el Grupo Socialista, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. La discrepancia ahora cerrada se circunscribía al apartado sobre las encomiendas con colegios profesionales.

Firman el acuerdo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. El pacto se comunicará al Tribunal Constitucional conforme al procedimiento previsto en el artículo 33.2 de su ley orgánica.