La Audiencia confirma el archivo de la causa contra el presidente de Silje e impone las costas a la concesionaria

El auto número 597/26 rechaza íntegramente la apelación de Jerez UTE FCC MA Azsuma Equal, responsable del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos. El Ministerio Fiscal también se había opuesto al recurso. La información publicada señala que esta es la tercera resolución consecutiva que mantiene el sobreseimiento, es decir, el archivo del procedimiento contra el presidente y portavoz del Sindicato Independiente de la Limpieza de Jerez.

Uno de los argumentos expuestos por Silje se refiere a la legitimación de la empresa para presentar la denuncia. La concesionaria sostenía que actuaba para proteger los datos personales de sus trabajadores. Según el relato del sindicato sobre el auto, el tribunal considera que la compañía no era la persona agraviada y señala que ningún trabajador había denunciado a Valero.

El comunicado también sostiene que la empresa anunció un informe pericial externo que no llegó a aportar durante la instrucción. Según esa misma versión, los hechos examinados se limitaban al envío de correos a la pareja de Valero, también empleada de la concesionaria, y de otros dos a un compañero. Silje recoge que la Audiencia calificó la pretensión de la empresa como una «investigación prospectiva».

El segundo argumento afecta a la actuación procesal de la compañía. Según explica el sindicato, su representante legal no acudió a ratificar la denuncia por motivos de salud y quedó a la espera de una nueva citación. El comunicado reproduce el reproche del tribunal, que señala que la empresa «debió actuar con mayor diligencia».

Silje interpreta el procedimiento penal como un intento de intimidación sindical. Además, acusa al comité de empresa de mantener paralizadas las elecciones sindicales y de impedir que la plantilla pueda votar. Estas afirmaciones forman parte de la valoración del sindicato sobre el conflicto laboral.

La organización dirige también sus peticiones a la alcaldesa y al delegado de Medio Ambiente, Jaime Espinar. Les reclama explicaciones sobre la actuación de la concesionaria y sobre quién asume los honorarios de sus abogados y las costas judiciales. En concreto, pregunta si esos gastos se pagan con el canon municipal, una cuestión que plantea como solicitud de información sobre el uso del dinero destinado al servicio de limpieza.