La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en la compra de pulseras antimaltrato con fondos de la UE

Las diligencias están dirigidas por la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid, según el comunicado del organismo difundido desde Luxemburgo y recogido por ABC y 20minutos. Se investiga un presunto fraude relacionado con la financiación europea de las pulseras telemáticas utilizadas para vigilar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por violencia de género. Según 20minutos, las pesquisas comenzaron el año pasado.

20minutos sitúa inicialmente bajo investigación el contrato adjudicado en 2023, cuando Irene Montero estaba al frente de Igualdad. Aquella licitación, por 42,6 millones de euros, supuso el relevo de Telefónica, que había prestado el servicio durante casi 15 años, por la unión temporal de empresas Vodafone-Securitas. Parte de la financiación procedía del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que canaliza los fondos europeos NextGenerationEU.

El contrato también modificó el modelo de suministro: el ministerio pasó de pagar por el uso de las pulseras a comprarlas. Según la memoria económica consultada por 20minutos, Igualdad contempló una adquisición inicial de 7.600 dispositivos y previó otros 3.771 conjuntos de reposición entre 2024 y 2026 para cubrir averías, roturas, pérdidas, sustracciones u otras incidencias.

Estos dispositivos permiten controlar telemáticamente las órdenes de alejamiento y otras medidas de protección. El servicio había registrado problemas durante la migración de información de Telefónica a Vodafone. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado citada por 20minutos, se perdieron datos de geolocalización, lo que derivó en sobreseimientos y absoluciones al faltar información que acreditase incumplimientos de órdenes de alejamiento.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido a las preguntas sobre la investigación durante la presentación de la campaña del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ha comprometido «colaboración» y «transparencia absoluta», y ha asegurado que su departamento facilitará toda la información que se le requiera. También ha defendido que los fondos se invirtieron correctamente.

Redondo ha señalado, además, que el contrato actual, renovado hace dos meses, incorpora mejoras respecto al anterior para abordar sus disfunciones. La ministra ha cifrado en más de 4.000 las mujeres protegidas mediante estos dispositivos. Las actuaciones de la Fiscalía Europea buscan esclarecer si hubo irregularidades en la gestión de los fondos destinados a su adquisición.