La Junta estudia recurrir el reparto de 180 millones para vivienda que deja fuera a Andalucía

El reparto aprobado por el Gobierno central asciende a 180 millones de euros en subvenciones directas para ampliar la oferta de vivienda asequible y reducir los precios del alquiler. Según informa ABC, Andalucía queda excluida porque no ha declarado zonas tensionadas, la condición que determina qué comunidades pueden recibir estos fondos.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha explicado la posición autonómica durante un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en la Fundación Cajasol. Según recoge esta agencia, Díaz ha señalado que la Junta ya presentó alegaciones contra el real decreto de zonas tensionadas y ha cuestionado que las ayudas se limiten a las comunidades que aplican esa figura.

ABC detalla un reparto de 119,4 millones para Cataluña, 31 millones para País Vasco, 13,3 millones para Navarra, 10,2 millones para Galicia y 5,9 millones para Asturias. Existe una discrepancia en la cantidad correspondiente a Cataluña: tanto Europa Press como ABC recogen que Díaz habló de 112 millones durante su intervención, frente a los 119,4 millones del desglose publicado por ABC.

La consejera ha indicado que la dotación pasó de 90 a 180 millones de euros y que los fondos se destinarán a construcción de vivienda protegida, rehabilitación y urbanización. La exclusión de Andalucía afecta, por tanto, a su acceso a esta financiación autonómica. Las subvenciones descritas tienen como destinatarias a las comunidades, no directamente a quienes buscan una vivienda o pagan un alquiler.

Díaz atribuye el criterio de reparto a motivos políticos y sostiene que declarar zonas tensionadas es una decisión potestativa de cada comunidad. También ha defendido el rechazo de la Junta a esta fórmula, que considera perjudicial para la oferta de alquiler, y ha contrapuesto las áreas prioritarias de vivienda recogidas en la legislación andaluza. Estas valoraciones corresponden a la consejera.

La posible impugnación de este reparto continúa en estudio jurídico. Es una actuación distinta de los recursos ante el Tribunal Constitucional que la Junta ya ha anunciado contra otros dos decretos de vivienda, según coinciden ABC y Europa Press.