La Junta inicia los trámites para recurrir los dos decretos estatales de vivienda

La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha comunicado el inicio de los trámites en declaraciones a Europa Press. Según ha explicado, los servicios jurídicos de la Junta consideran que existen argumentos para que prospere la impugnación ante el Tribunal Constitucional. El anuncio abre la preparación del recurso, cuya aprobación deberá pasar por varios órganos autonómicos.

El conflicto se centra en los dos decretos que, según recogen Europa Press, ABC y Diario de Sevilla, fueron aprobados a través de la Diputación Permanente después de haber sido rechazados por el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende estas medidas con el objetivo de evitar desahucios y cita como ejemplo el sufrido por Mari Carmen en Madrid.

La Junta plantea dos motivos para recurrir: una posible invasión de sus competencias y una eventual vulneración de la propiedad privada. Díaz ha vinculado este segundo argumento con la retirada de viviendas del mercado, que atribuye a las medidas estatales. Se trata de la valoración expresada por la consejera para justificar la impugnación anunciada.

A los argumentos jurídicos, Díaz ha añadido su rechazo al procedimiento parlamentario seguido. La consejera considera que la aprobación mediante la Diputación Permanente contradice el rechazo previo de la mayoría del Congreso, donde reside la soberanía popular, y ha descrito esa actuación como una «trampa democrática».

El presidente andaluz, Juanma Moreno, también había cuestionado esa vía de aprobación. En las declaraciones recogidas por los tres medios, la calificó de «fraude» y reprochó al Gobierno central que recurriera a la Diputación Permanente después del rechazo parlamentario. Sus críticas se dirigen tanto al procedimiento como a la actuación del Ejecutivo de Sánchez.

El siguiente paso será preparar el acuerdo en la comisión general de viceconsejeros. Después se elevará al Consejo Consultivo y, finalmente, al Consejo de Gobierno para su aprobación. Esa es la tramitación anunciada por la Junta antes de llevar los decretos al Constitucional.