La Junta pide audiencia al Consejo de Estado sobre la reforma del Reglamento de Costas

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha pedido que Andalucía sea reconocida como comunidad autónoma directamente interesada en este procedimiento, según informó la Junta el 14 de octubre. La reforma está impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La solicitud de audiencia da continuidad a las alegaciones que la Administración andaluza ya presentó durante la tramitación del proyecto.

El asunto afecta a la gestión de los procedimientos administrativos relacionados con la costa, cuya tramitación corresponde en numerosos casos a las comunidades autónomas. Según la Junta, los cambios pueden repercutir tanto en los expedientes como en las condiciones aplicables a las actividades desarrolladas en el dominio público marítimo-terrestre. Entre los afectados por esa regulación se encuentran los ciudadanos y las empresas que ejercen su actividad en estos espacios.

En sus alegaciones, el Gobierno andaluz sostiene que sería necesario modificar previamente la Ley de Costas y cuestiona que algunos cambios puedan aprobarse mediante un reglamento. Su objeción se apoya en el principio de jerarquía normativa: una norma reglamentaria debe respetar la ley que desarrolla. La Junta plantea que se examine el encaje de la propuesta y sus posibles efectos sobre las competencias autonómicas y la seguridad jurídica.

Para solicitar la audiencia, Andalucía invoca el artículo 18 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. Según explica la Consejería, este precepto establece que debe concederse ese trámite cuando una comunidad autónoma manifieste que está directamente interesada en el asunto consultado. La petición andaluza se fundamenta en sus responsabilidades sobre el litoral y en los procedimientos que gestiona.

El Consejo de Estado debe emitir un dictamen preceptivo porque el proyecto desarrolla la Ley de Costas. La Junta solicita ser escuchada antes del pronunciamiento de la Comisión Permanente de este órgano consultivo. Ese trámite le permitiría presentar sus argumentos jurídicos y competenciales en esta fase de la revisión normativa.