La Junta sacó a subasta dos parcelas para vivienda libre en la zona sur

Según informó Diario de Jerez, los terrenos forman parte de una manzana de más de 28.000 metros cuadrados situada entre la avenida Puerta del Sur y la calle Doctor Santiago Ramón y Cajal. Esta unidad está dividida en cuatro parcelas, una de las cuales ya había sido adjudicada a un promotor de Jerez en la convocatoria anterior.

La primera finca ofertada tiene 8.639 metros cuadrados y se encuentra entre Doctor Santiago Ramón y Cajal y la avenida del Reino Unido. Su capacidad máxima es de 121 viviendas y el precio mínimo solicitado por la Administración autonómica era de 2,6 millones de euros.

La segunda parcela está entre Doctor Santiago Ramón y Cajal y la calle Escritor William Shakespeare. Cuenta con una superficie de 6.900 metros cuadrados y permite levantar hasta 103 viviendas. En este caso, la oferta mínima se situaba aproximadamente en 2,2 millones de euros.

Las capacidades detalladas para ambas fincas suman 224 viviendas. Sin embargo, la información de Diario de Jerez señala un total de 324 al presentar la operación, una cifra que no coincide con su propio desglose. La venta del suelo se planteaba como un paso para futuras promociones residenciales, no como una oferta de viviendas ya disponibles para compradores.

Las dos subastas estaban incluidas en el programa de enajenación de inmuebles de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). La convocatoria fijaba el 14 de enero como límite para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas. Se trataba, por tanto, de un procedimiento de adquisición de terrenos para su posterior desarrollo.

El periódico también recogía otra operación de AVRA cerca de la Laguna de Torrox, en la manzana delimitada por las calles Naturalista Charles Darwin, Escritor Ben Jonson, Escritor Charles Dickens y la avenida del Reino Unido. A diferencia de las parcelas de Doctor Santiago Ramón y Cajal, esa actuación contemplaba una fórmula de colaboración público-privada: el adjudicatario recibiría un derecho de adquisición del suelo a cambio de entregar parte de las viviendas construidas a la Administración autonómica, que las incorporaría al patrimonio público.