Las víctimas de Adamuz reclamaron parar los trenes antes del accidente de Urda y su petición fue rechazada

La asociación de víctimas del accidente de Adamuz, en Córdoba, solicitó en julio la paralización del sistema ferroviario español hasta que se garantizara su seguridad, según explica su representante legal, Antonio Benítez Ostos, en una entrevista con ABC. La petición se dirigió a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, al Ministerio de Transportes y a Adif. El abogado sostiene que el nuevo siniestro de Toledo refuerza aquella reclamación y ha reavivado el dolor de las familias de los 46 fallecidos en Adamuz el 18 de enero.

El accidente de Urda ocurrió el 28 de octubre e implicó a un AVE y un Iryo con destino Sevilla, según El Mundo. Los balances publicados por ambos medios difieren: ABC recoge 68 muertos, mientras que el texto de El Mundo eleva la cifra provisional a 69. La resolución que denegó la suspensión del tráfico se había emitido 21 días antes del choque.

Según el documento consultado por El Mundo, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria consideró que la red estaba en «niveles aceptables de riesgo». El organismo, dependiente de Transportes, argumentó que detener toda la circulación era una medida excepcional que requería acreditar un riesgo concreto, vigente y generalizado que no pudiera gestionarse de otra manera. También citó un informe europeo de 2026 para sostener que la tasa española de víctimas en proporción al tráfico estaba por debajo de la media europea.

La reclamación de los afectados se apoyaba en las consideraciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sobre la prevención y detección de roturas de carril. De acuerdo con El Mundo, la agencia respondió que la existencia de ese riesgo y la posibilidad de mejorar su detección no justificaban por sí solas suspender el tráfico en toda la red. Además, interpretó aquellas consideraciones como recomendaciones, no como una exigencia de actuación inmediata.

Benítez Ostos pide en ABC que se examinen la gestión de la infraestructura, los protocolos de seguridad, las decisiones de los centros de control y la capacidad de las vías para asumir el tráfico. El letrado precisa que no puede establecer conclusiones técnicas definitivas sobre el estado de la red, una tarea que corresponde a los peritos judiciales y a las autoridades ferroviarias.

Según el abogado, los afectados han acudido a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, que se habría comprometido a analizar la situación y adoptar las medidas pertinentes. La asociación mantendrá sus reclamaciones de responsabilidades y seguridad. Para los viajeros, la petición descrita no supuso una suspensión general del servicio: fue rechazada por la autoridad ferroviaria española.