Los consulados alertan de dificultades para revisar el voto de 163.020 nacionalizados antes del cierre del censo

La revisión afecta a 163.020 personas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según El País. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el voto de quienes obtuvieron la nacionalidad sin aportar una prueba de exilio. Los registros consulares deben certificar cuáles de los afectados acreditaron ser descendientes de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual.

Según los datos de Exteriores publicados por El País, hasta el lunes 19 de octubre habían enviado información total o parcial 32 consulados, el 20,4% de la red. Ese porcentaje corresponde a oficinas que han remitido datos, no a expedientes revisados. La proximidad del cierre definitivo del censo, el jueves 22, limita el margen para completar las comprobaciones antes de las elecciones.

Exteriores sostiene, según El Mundo, que ha movilizado sus recursos humanos y materiales y ha anulado las vacaciones en curso y las previstas de los cónsules de las oficinas afectadas. También ha puesto en funcionamiento una plataforma para trasladar los datos de forma segura a la Oficina del Censo Electoral. El ministerio señala que una parte de los expedientes no está informatizada y recuerda que la Abogacía del Estado ya advirtió al Supremo, en un informe del 9 de octubre, de la insuficiencia del plazo.

Los diplomáticos consultados por El País temen que la información remitida resulte incompleta y que algunos ciudadanos queden sin votar porque sus expedientes no hayan podido revisarse. Se trata de un riesgo señalado por esas fuentes, no de un balance definitivo de exclusiones. El ministerio mantiene que continuará colaborando con el Supremo, la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral para cumplir las medidas acordadas.

La gestión ha provocado también una disputa política. Según El Mundo, el PP acusa al Ejecutivo de retrasar deliberadamente la recopilación de datos para impedir el cumplimiento de la resolución judicial. Exteriores atribuye las dificultades al volumen de expedientes y al tiempo disponible. La acusación del partido no constituye un hecho acreditado.

En paralelo, el Defensor del Pueblo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que puedan votar todos los afectados. El Mundo informa de que el ponente, Enrique Arnaldo, plantea inadmitirlo por considerarlo prematuro. Esa posición no equivale a una resolución del tribunal. La revisión consular y el recurso mantienen abierta la situación electoral de este colectivo.