Los graduados sociales reclaman un cuarto magistrado para la jurisdicción social

La petición busca reforzar los órganos que resuelven conflictos laborales, como despidos, reclamaciones de cantidades o prestaciones de la Seguridad Social. Según informa Diario de Jerez, el Colegio reclama también que Jerez y Cádiz se incluyan en el plan de choque del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para las plazas de la jurisdicción social con mayor acumulación de procedimientos.

La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado iniciar los trámites de ese plan, que prevé actuaciones en las 50 plazas con más asuntos pendientes. Entre las medidas planteadas están los refuerzos mediante jueces de adscripción territorial, en prácticas o procedentes de destinos con menor carga. El plan contempla dar preferencia a los procedimientos por despido, prestaciones de la Seguridad Social y tutela de derechos fundamentales.

El Colegio solicita que esos refuerzos se encomienden preferentemente a magistrados especialistas en el orden social o a jueces con formación y experiencia en esta jurisdicción. Su presidente, José Blas Fernández, vincula la reclamación con la acumulación de miles de procedimientos y las esperas de años que, según denuncia la institución, afrontan ciudadanos para resolver sus conflictos laborales.

Los datos de 2025 muestran que los tres órganos de lo Social de Jerez recibieron 3.750 asuntos, frente a los más de 4.200 de 2024. La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sitúa la media en 1.250 ingresos por órgano, por encima del indicador de referencia de 800. Se trata de la segunda media más alta de Andalucía, solo superada por la del partido judicial de Málaga.

Casi el 40% de los asuntos ingresados en 2025 estuvieron relacionados con despidos. Hubo, además, alrededor de un millar de reclamaciones de cantidades y unos 940 procedimientos sobre prestaciones de la Seguridad Social. Otros expedientes abordaron movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, derechos fundamentales e impugnaciones de actos administrativos laborales. Los conflictos colectivos fueron nueve.

Durante ese ejercicio se resolvieron 3.876 asuntos, unos 400 más que en 2024. Esa actividad, junto con el descenso de nuevos ingresos, permitió reducir los procedimientos pendientes. Aun así, los más de 7.500 casos que quedaron al cierre de 2025 superaban el doble de los registrados al terminar 2019, cuando había algo menos de 3.600.

La memoria del TSJA recoge que en 2025 se mantuvo un juez de adscripción temporal como refuerzo. La cuarta plaza de magistrado de lo Social figura entre las cuatro unidades judiciales aprobadas para Jerez por el Consejo de Ministros, junto con dos civiles y una de instrucción. La reclamación del Colegio se centra en que su incorporación se produzca cuanto antes.