Los técnicos municipales reclaman un seguro profesional y el Ayuntamiento asegura que asume las responsabilidades

La reclamación de la ATMJ, recogida por Andalucía Información y Diario de Jerez, se centra en los profesionales que dirigen obras públicas, firman proyectos y suscriben actas de recepción de edificios. La agrupación advierte de que la ausencia de una póliza puede exponerles a responder con su patrimonio ante posibles accidentes o siniestros y exige al gobierno municipal que garantice esa cobertura.

En su respuesta, publicada por Diario de Jerez, el Ayuntamiento admite la falta de una póliza específica, aunque afirma que asume las responsabilidades que puedan derivarse de esta situación. La discrepancia se sitúa, por tanto, en la protección efectiva de los empleados: mientras el colectivo alerta de una posible exposición patrimonial, el Consistorio asegura que el trabajador no tendrá que hacerse cargo personalmente de las consecuencias.

La ATMJ sostiene que la obligación de disponer de esta cobertura figura tanto en el convenio municipal como en el acuerdo de funcionarios. En su comunicado responsabiliza a la delegada de Recursos Humanos, Yessika Quintero, de no aplicar esas disposiciones. También invoca el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública de Andalucía como fundamento de su reclamación de protección por parte de la Administración.

El colectivo vincula su demanda al trabajo que desempeñan arquitectos e ingenieros en las obras municipales. Según expone, estos profesionales asumen funciones de dirección que les otorgan la consideración de agentes de la edificación conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación. La agrupación señala además que el Ayuntamiento ejecuta proyectos con presupuestos millonarios y reclama que esa actividad cuente con garantías para quienes la supervisan.

La denuncia también menciona las tareas en proyectos de demolición y las visitas a inmuebles en ruina, incluidos los trabajos del servicio de inspección de control de la edificación. La ATMJ subraya los riesgos físicos de esas actuaciones y sostiene que la protección de los técnicos afecta asimismo a la continuidad y la eficiencia de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

El Ayuntamiento explica que se trata de una cuestión pendiente desde hace tiempo y alude a su complejidad y a su impacto económico. El gobierno municipal afirma que trabaja en una solución para reforzar las garantías y la seguridad jurídica de los empleados.

La agrupación reclama que se garantice la cobertura de responsabilidad civil profesional y anuncia que, si su petición no se atiende, trasladará el asunto a la Inspección de Trabajo y a otras instancias judiciales. Ese paso se plantea como una actuación futura, condicionada a la respuesta municipal.