Montero y sindicatos policiales piden la dimisión de Marlaska por motivos opuestos tras el 11N

Interior ha pedido a la Dirección General de la Policía una investigación interna sobre las cargas durante la huelga y ha ordenado que no se utilice gas lacrimógeno en manifestaciones, según informa ABC. Ambas decisiones centran una controversia que afecta a la revisión de las intervenciones del 11N y a los medios disponibles para próximos dispositivos policiales.

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, reclamó el jueves 12 de noviembre la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y el cese de decenas de mandos policiales. Según recoge Europa Press, durante una visita a Alcalá de Henares calificó las intervenciones de «represión» y pidió que las responsabilidades alcanzaran tanto al ministro como a los mandos y agentes implicados. También exigió que Marlaska fuera retirado de las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre.

Montero aludió a imágenes de un agente que, según denunció, rociaba con espray pimienta a una persona sin hogar en la Gran Vía madrileña. La dirigente sostuvo además que hubo lesiones, golpes indiscriminados, identificaciones injustificadas y policías que ocultaban su número identificativo. Expresó dudas sobre las consecuencias de la investigación anunciada por Interior y, en otro acto en Madrid, interpeló al PSOE, al Frente Amplio y al Gobierno por su respuesta a las cargas.

Desde una posición distinta, mandos consultados por ABC rechazan la retirada del gas lacrimógeno. Defienden que permite intervenir sin recurrir directamente al contacto físico y advierten de que su eliminación puede aumentar las lesiones entre agentes y manifestantes. Se trata de la valoración de esos responsables policiales sobre las consecuencias de la orden.

Según ABC, el Sindicato Profesional de Policía defiende la planificación del operativo y sostiene que permitió evitar consecuencias más graves. Jupol también exige la dimisión de Marlaska y critica tanto la apertura de la investigación como la retirada del gas. La organización mantiene que los agentes tuvieron que intervenir en situaciones de tensión y, en algunos casos, ante agresiones.

El Sindicato Unificado de Policía reclama, por su parte, que se esclarezcan las actuaciones cuestionadas y se examine toda la cadena de mando. Según recoge ABC, pide determinar quién diseñó los dispositivos, qué órdenes recibieron las unidades y a qué situaciones respondieron. También exige al ministro que concrete las instrucciones y los medios de intervención antes del próximo despliegue.