Nueve víctimas vinculadas a Andalucía entre los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda

El siniestro ocurrió el miércoles 28 de octubre y afectó a dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que habían salido de Madrid con destino a Sevilla. Según Europa Press, en los convoyes viajaban 538 personas y el accidente dejó más de 200 heridos. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) investiga las causas.

Entre los fallecidos, Europa Press sitúa a la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que se desplazaba a Sevilla para participar en un acto empresarial. La agencia también informa de la muerte del padre del actor sevillano César Vicente y de los sevillanos Francisco Vázquez y Curro Vázquez, hijo y hermano, respectivamente, del apoderado taurino Antonio Vázquez.

La relación incluye al empresario granadino Francisco J. R.; al cordobés Francisco José Barbero Liébanas, estudiante de la Universidad de Jaén y con vínculos familiares en Bélmez de la Moraleda; y a una joven mallorquina con familia en Rute. Completan el balance recogido por Europa Press el guardia civil sevillano José Manuel Chacón, destinado en Madrid, y María de los Ángeles M., vecina de Cuevas de San Marcos y propietaria de un hostal.

Las labores forenses habían avanzado respecto al balance del jueves 29. Cadena SER informó entonces, citando al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 48 autopsias realizadas y cinco identificaciones comunicadas a las familias. A las 22:30 del viernes, las 69 autopsias estaban terminadas y había 36 personas identificadas mediante huellas dactilares, según el Centro Integrado de Datos, cuya información recoge Diario de Sevilla.

De esas 36 identificaciones, 27 se habían notificado a las familias: correspondían a 18 hombres y nueve mujeres. Quedaban nueve comunicaciones pendientes. El procedimiento descrito por el Centro Integrado de Datos establece que la familia recibe primero la notificación de forma personal y presencial; después se incorpora la identificación a la estadística que el organismo hace pública.

La Guardia Civil había recibido 72 denuncias por desaparición, ocho de ellas en Sevilla. Cinco de las personas buscadas fueron localizadas con vida, por lo que permanecían activas 67 denuncias. Entre las tres últimas localizaciones, dos correspondían a personas ingresadas en hospitales y otra a alguien que no había llegado a subir al tren.

Más de 60 profesionales participaban en Toledo en las autopsias y la identificación, con intervención de especialistas forenses, técnicos, personal del Instituto Nacional de Toxicología y agentes de la Guardia Civil. El dispositivo incluye pruebas de ADN y análisis de muestras de familiares. Cuatro psicólogas del Instituto de Medicina Legal prestan apoyo a las familias, mientras la Unidad Militar de Emergencias aporta medios logísticos para los trabajos.