Un juez abre diligencias por el gas pimienta que Ana Vázquez exhibió en el Congreso

La decisión corresponde a Pedro Merchante, titular de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, según la información de Europa Press publicada por El Mundo y 20minutos el 15 de octubre. El requerimiento de documentación médica es el paso acordado por el magistrado para valorar la denuncia.

Las dos publicaciones discrepan sobre la condición de los denunciantes: El Mundo los identifica como trabajadores del PSOE, mientras que 20minutos señala que son varios diputados. Según el relato publicado por El Mundo, los trabajadores denunciaron haber sufrido los efectos del aerosol después de que fuera accionado en un baño, tras la expulsión de Vázquez del Pleno por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La actuación judicial se produce después de que terminara la tramitación del expediente sancionador parlamentario por la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, habían acordado una propuesta de suspensión de empleo y sueldo durante una semana.

Esa sanción necesitaba la aprobación del Pleno. La disolución impidió celebrar la sesión exigida por el reglamento, por lo que el procedimiento decayó sin que la propuesta pudiera ser refrendada. El cierre de esa vía parlamentaria no ha impedido la apertura de las diligencias judiciales.

La Mesa de la Diputación Permanente sí ha amonestado a Vázquez, que conserva su puesto en ese órgano. En su escrito, recogido por El Mundo, le atribuye responsabilidad política por introducir un objeto que califica como arma. También sostiene que el incidente afectó a decenas de personas, causó una baja médica, obligó a desalojar dependencias de tres edificios y produjo daños económicos.

El órgano parlamentario recuerda la prohibición reglamentaria de introducir armas en el Congreso y distingue el fin del expediente por la disolución de una condonación de la conducta. En el ámbito judicial, la decisión sobre una investigación formal queda pendiente de la documentación médica solicitada a los denunciantes.