Urbanismo exige apuntalar una vivienda de Torresoto por riesgo de hundimiento

Según publicó lavozdelsur.es el 31 de octubre, en la primera planta reside Juana Guerrero, de 84 años, que ha dejado de utilizar su dormitorio y ha reorganizado las estancias que ocupa para evitar las zonas de mayor riesgo. La vecina vincula los desperfectos a una promoción de viviendas que quedó inacabada en la parcela colindante y asegura que lleva reclamando soluciones al Ayuntamiento desde 2007.

La inspección de Urbanismo, realizada tras el aviso de Juana, constató un asentamiento del suelo en la parte posterior de la planta baja. Los técnicos localizaron grietas horizontales de entre uno y dos centímetros de anchura y entre diez y quince centímetros de profundidad. Desde la cubierta también observaron una grieta vertical que recorre la altura del edificio y coincide con el pilar afectado. En el interior de la primera planta, en cambio, no apreciaron grietas ni fisuras.

El informe municipal advierte del riesgo de hundimiento en la zona del fondo de la parcela y exige estudiar los cimientos y la estructura para determinar las actuaciones necesarias. Como medidas urgentes, la resolución ordena apuntalar el forjado posterior de la planta baja con puntales y elementos de apoyo, además de impedir el uso de las áreas correspondientes en la planta superior y la cubierta.

La valoración administrativa provisional de las actuaciones asciende a 5.911,81 euros. Juana explica que cobra una pensión de unos 900 euros al mes y que no puede afrontar ese desembolso. Según su relato, ya destinó más de 14.000 euros a reforzar su vivienda, incluida la instalación de vigas de hierro, y en otra ocasión tuvo que abandonarla temporalmente.

La familia sostiene que los problemas comenzaron con las obras de la promoción contigua, donde se acumula agua de lluvia en el espacio previsto para el garaje. También cuestiona que el muro de contención construido cubra toda la pared. Estas son las causas que señalan las afectadas, mientras que Urbanismo requiere un estudio de la cimentación y la estructura. La familia se plantea encargar una valoración pericial para esclarecer el origen de los daños y las posibles responsabilidades.

Antonia Mariscal, hija de Juana, cuestiona el plazo de tres días para actuar después de años de reclamaciones. Por su parte, fuentes municipales consultadas por lavozdelsur.es sostienen que el Ayuntamiento no puede mediar en un conflicto entre particulares y que Urbanismo tiene la obligación de intervenir al comprobar daños estructurales en una vivienda habitada.

La resolución advierte de que el incumplimiento puede dar lugar a multas coercitivas o a que la Administración ejecute los trabajos de forma subsidiaria. La familia no discute la necesidad de adoptar medidas de seguridad, pero cuestiona que Juana tenga que asumir su coste sin que se haya determinado el origen del problema.